El presidente del gobierno ha lanzado una nueva paletada de estiercol a otra institución pública que depende del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia, como antes lo hizo sobre el Tribunal Supremo, la Fiscalía, el CIS o la Guardia Civil.

El cese de su directora, Paz Esteban, le ha permitido poner una tirita para suturar la difícil relación que mantiene con los independentistas catalanes de los que depende para continuar en la Moncloa. Ese parece, en esencia, su propósito principal.

La jefa de los servicios de inteligencia ha sido la pagana de las prácticas espiatorias a un grupo de secesionistas que estaban amparadas por un juez y tenían un motivo ante la escalada de violencia callejera desatada en Catalunya tras conocerse la sentencia del procés.

El estallido de indignación de Pere Aragonès, Oriol Junqueras  y los cansinos victimistas catalanes aferrados al discurso de la represión ha quedado amortiguado con la cabeza de Paz Esteban. Es decir, que el ejercicio de su trabajo tras 40 años en el CNI le ha servido para aparecer como la tabla de salvación de Sánchez en sus equilibrios destinados a satisfacer a quienes le dieron la investidura.

Sin explicaciones concluyentes el presidente ha dejado silencios donde la transparencia se hace más necesaria en un episodio trascendente para el Estado que podía haberle derribado. Curiosamente revelar al mundo que su teléfono y los de otros miembros del Ejecutivo fueron intervenidos sin que el CNI lo detectase, le ha valido como argumento implícito para acabar con la carrera de su directora a la que una semana antes la ministra de Defensa ponía por las nubes.

Son demasiados interrogantes los que plantean sus decisiones que nutren el pensamiento de que los intereses del Estado están por debajo de los de una parte de la autonomía catalana. Ya no basta con la autorización de los jueces para pinchar teléfonos. Parafraseando a Sánchez cuando proclamó que él tenía el poder sobre la Fiscalía porque dependía del gobierno, habría que preguntarse ahora de quién depende el CNI, si del gobierno o de los socios que lo mantienen.