Con la ocupación de dos casas diarias, Balears lidera el ranking nacional en la usurpación de viviendas. En el último año los casos de allanamiento han crecido en las Islas un 73 por ciento, mientras que en el resto de España ha sido de un 18.

La magnitud del problema reclama actuaciones urgentes y medidas eficaces, porque la gravedad de estas ocupaciones se agudiza a medida que se indaga en su naturaleza. Si bien es cierto que la precariedad económica de no pocas familias se ha acrecentado durante la pandemia, también ha crecido el uso de las casas ocupadas para cometer actos delictivos. De ahí los reiterados casos de propiedades allanadas convertidas en factorías de cannabis dedicadas al trapicheo o directamente en narcopisos.

La lucha contra la ocupación debe concitar el consenso de todas las formaciones políticas, aunque a quienes le corresponde actuar es al Gobierno, la Policía y la Fiscalía. La relativización buenista de este fenómeno ilegal no sólo conculca el derecho fundamental a la propiedad privada, sino que ignora que cada casa o piso ocupado irradia una onda de inseguridad que deteriora nuestras ciudades y pueblos. Y al mismo tiempo perjudica la calidad de vida y la propia convivencia de todos los ciudadanos que, pese a estos tiempos difíciles, cumplen con la ley y con sus obligaciones cívicas.