Pasajeros en la estación de autobuses de Maó. | Gemma Andreu

El Consell no licitará el servicio de transporte regular por carretera hasta 2024 ya que Movilidad prevé que este año 2023 sea de trabajo en los pliegos de condiciones para sacar a concurso los nuevos contratos, lo que retrasará la puesta en marcha de líneas muy esperadas como la que unirá Ciutadella con el aeropuerto de Menorca, conectando además con esta infraestructura básica los municipios de Ferreries, Es Mercadal y Alaior.

La consellera Montse Morlà se comprometió este lunes con el grupo del PP, durante el pleno de la institución, a entregarle el cronograma que ya maneja su departamento para poner en marcha este proceso administrativo, convertido en una maratón, pero lo cierto es que sin fecha concreta porque técnicamente no está cerrado. Así lo aseguró en un receso de la sesión plenaria la titular de Movilidad, quien de nuevo tuvo que dar explicaciones durante el debate por el retraso y la situación de irregularidad del servicio de autobús, cuyas concesiones están caducadas desde 2018 y en 2020 se agotaron las dos prórrogas legales.

Pagos sin cobertura de contrato

El transporte regular por carretera -operado actualmente por las empresas Torres Allés, TMSA, y Valentín Roca Triay-, volvió a ocupar el debate político debido a la necesidad de aprobar pagos para distintas prestaciones a TMSA, a cuenta del reconocimiento extrajudicial de crédito, un sistema del que según PP y Ciudadanos (Cs) se está abusando precisamente porque los contratos de transporte están sin regularizar.

«Pleno tras pleno se aprueba y se da validez a esta figura que debe ser para hechos excepcionales», afirmó el conseller de Cs, Eugenio Ayuso. Y es que el reconocimiento extrajudicial de créditos también se usó para pagar el servicio de informadores y vigilantes en accesos a playas, esta vez, explicó Morlà, por algo realmente inesperado como fue la ausencia de turistas en 2020 debido al estado de alarma declarado por la pandemia de covid-19.

No obstante es un procedimiento excepcional, que las administraciones usan para pagar a terceros prestaciones cuando están fuera de ordenamiento jurídico y así evitar un procedimiento judicial, que se ha vuelto habitual cuando se trata de abonar el funcionamiento de las líneas de autobús, «pasa igual en cada pleno, llevamos años así», recordó el conseller del PP, Adolfo Vilafranca, «es un servicio público esencial y prioritario, hay que regularizar los contratos». Fue entonces cuando Morlà se comprometió a entregar a la oposición el cronograma que maneja.

Complicaciones para aplicar la gratuidad

La situación también añade dificultad a la hora de ejecutar el plan de choque que bonifica los billetes de autobús. «Con los contratos que no están en vigor ni en situación de prórroga, la relación (entre el Consell y las empresas) se basa en actos de buena fe», afirmó el conseller de Cs, Eugenio Ayuso. Finalmente los pagos se aprobaron con los votos a favor de la mayoría de gobierno, PSOE, Unidas Podemos y Més, y la abstención de PP y Cs.

Todo este debate se produce en paralelo al generado por la posibilidad de limitar la entrada de coches a Menorca, de alquileres o particulares, y que ha tenido una amplia repercusión informativa dentro y fuera de la Isla. Es una medida que se contempla en la ley Menorca Reserva de Biosfera que será aprobada por el Parlament el próximo día 31 y que entrará en vigor inmediatamente después. El Consell tendrá luz verde para restringir la llegada de coches pero eso requeriría mejoras en el transporte público que la falta de contratos no permite abordar.