Carlos Salgado y Josep Pastrana, equidistantes en la sala de la presidenta Susana Mora, protagonizaron el debate más interesante de la sesión plenaria de ayer en torno, una vez más, a la búsqueda de viabilidad para el sector agrario. | Josep Bagur Gomila

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El Plan Territorial Insular, cuya aprobación definitiva está anunciada antes de fin de año, descarta para el campo cualquier otro uso que no sea el estrictamente agrario. Esa fue la conclusión al debate en el pleno del Consell de ayer a una propuesta de acuerdo del PP para que las explotaciones agrarias y ganaderas puedan «compatibilizar el uso agropecuario con otro como el residencial y el turístico».   

El portavoz popular en la defensa de la iniciativa, Carlos Salgado, adujo la trascendencia de la normativa urbanística y de ordenación territorial para que las fincas sean más o menos rentables y elogió los resultados que en ese sentido produjo la Norma Territorial de 2014. Nuevas inversiones en explotaciones que se hallaban en situación de abandono «ayudaron al cambio de tendencia hacia la diversificación agraria, con tipos de agricultura con un alto componente paisajístico», recordó.

El nuevo PTI, aprobado inicialmente en 2020,    marca el rumbo contrario, «establece toda clase de impedimentos para que los propietarios en suelo rústico puedan rentabilizar sus fincas para mantenerlas y permitir así que los profesionales del campo dignifiquen su trabajo obteniendo una mayor rentabilidad», argumentó el conseller popular.

Esas razones no convencieron al responsable de Economía y Territorio de la institución insular, Josep Pastrana. «Bienvenido a la campaña electoral», le espetó en su primera respuesta, «si tenemos la Menorca que tenemos es gracias al PTI» de 2003. No corresponde al planeamiento territorial «garantizar la supervivencia del campo», arguyó.

Ese objetivo sí se recoge de forma expresa en el artículo 54.3 de la proposición de ley Menorca Reserva de la Biosfera en el que se requiere a las administraciones a promover «políticas públicas necesarias para (...) garantizar el bienestar y la calidad de vida de los profesionales y de sus familias». A él aludió Salgado al tiempo que recordaba que la moratoria turística es mala para el campo, «en los últimos tres años han cerrado 43 explotaciones, el campo está pidiendo actividad complementaria», añadió.

Citó las cifras publicadas en estas páginas en la edición del domingo y calculó que entre los agroturismos y hoteles rurales en explotación más los que están en trámite «habrá una oferta de 1.500 plazas, ¿no puede haber otras 1.500?», se preguntó.       

400 explotaciones menos

A la reivindicación de usos complementarios en las fincas para mejorar su rentabilidad se sumó el conseller de Ciudadanos, Eugenio Ayuso. Puso énfasis en la contradicción que supone la defensa del sector primario y las dificultades para que pueda desarrollar una actividad rentable.

De    la relación estadística que ofreció se desprende que desde los años 80 se han cerrado más de 400 explotaciones agrarias. En 1984, dijo, había 576 fincas con actividad, una década después eran 427 y el declive se produjo sobre todo entre 2002 y 2012, coincidiendo con los primeros años de vigencia del PTI, que fue aprobado en 2003.

Ayuso estima que el auge de las actividades complementarias, entre 2012 y 2018, frenó aquel declive, que hoy ha dejado en activo un centenar y medio de fincas, según expuso. «Si las explotaciones agrarias han de vivir del turismo, tenemos un problema», respondió Pastrana, quien    argumentó que el campo ha de vivir de su actividad, «no estamos de acuerdo en convertir las explotaciones agrarias en residencias turísticas», afirmó el titular de Economía y Territorio.

Salgado le reprochó que la queja del campo no es la PAC o los programas salvavidas como el Provilac, «sino el valor añadido del alquiler turístico para poder mantener la finca». Agregó que esa es su reivindicación más que las subvenciones».

Ante la negativa del equipo de gobierno a aceptar la iniciativa, en cuya defensa también lamentó el escaso diálogo con el sector, «al que no saben escuchar» y que el conseller Pastrana no asistiera a la celebración de Sant Isidre el día anterior, retó al conseller a abrir una mesa de diálogo con las asociaciones ganaderas y agrícolas. No tuvo éxito, los ocho votos de la izquierda tumbaron la propuesta.