Residuos almacenados.    | JAVIER COLL

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La Conselleria de Medi Ambient pondrá en marcha el 1 de julio un impuesto que penalizará a los municipios de Baleares que se deshagan de los residuos incinerándolos o apilándolos en vertederos. El objetivo del canon, aprobado ayer por el Consell de Govern, será avanzar hacia la reutilización y el reciclaje de los desechos, con la fracción orgánica como opción preferente. «Es un hito histórico porque está en el marco de la fiscalidad verde y es imprescindible para cambiar la gestión de los residuos», según explicó el director general de Residus, Sebastià Sansó. Siguiendo la filosofía de «quien contamina, paga», los ayuntamientos que mejoren su sistema de gestión de residuos, pagarán menos. De esta manera, el importe del canon dependerá del grado de implementación de los sistemas de recogida de residuos de cada consistorio.

El impuesto será finalista e insularizado, por lo que todo el dinero recaudado se invertirá en la mejora de la gestión de residuos de cada isla. Los ingresos irán al Fondo de Prevención Gestión de Residuos y comisiones insulares, compuestas por ayuntamientos, el Consell y el Govern, que decidirán en qué se invierte la recaudación. El canon por el vertido será más elevado que el de la incineración porque en la jerarquía de gestión de residuos verter está en la peor de las opciones, según apuntó la Conselleria en un comunicado. Incinerar con recuperación energética está justo un peldaño por encima. A causa de los efectos de la pandemia, el Govern aplicará la tarifa de manera progresiva y, en el primer año de funcionamiento, será prácticamente simbólica, de entre 1 y 4 euros por tonelada generada.

Autonomía financiera

Sebastià Sansó también destacó que se ha podido mantener la «autonomía financiera» porque las comunidades que tenían o preveían crear este canon, como Catalunya y Balears, podrán conservar su impuesto al margen del que creará el Gobierno. El Estado, que también creará un impuesto similar, tanteó eliminar los autonómicos. «Nos ajustamos a algunos parámetros, pero mantenemos el esquema», añadió el director general.

Con la aprobación del canon, el Govern continúa desplegando la Ley de residuos balear, que establece que, en caso de que no se hubieran cumplido los objetivos que marcaba esta normativa para 2020, el Ejecutivo tenía que promover el establecimiento de este canon. A medida que los municipios vayan mejorando sus sistemas de tratamiento de residuos, el impuesto será residual, según recordó la Conselleria.

El apunte

Rifirrafe entre el Govern y el Estado

El despliegue del canon balear sobre el vertido e incineración de residuos estuvo en peligro cuando el Gobierno planteó eliminarlo. El Estado, al tramitar la normativa de residuos, también pretendía crear un canon similar para todas las comunidades, por lo que tanteó suprimir este impuesto ya existente en Catalunya y que estaba previsto para las Islas, según la Ley de residuos aprobada en 2019. Tras la intermediación de Medi Ambient, del senador autonómico, Vicenç Vidal, y otros partidos, se acordó respetarlos.