El fiscal del Estado, Álvaro García (i), el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) , Rafael Mozo (c), y la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio durante el acto de entrega del reconocimiento del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, por su labor en favor de las víctimas de violencia machista, este martes en Madrid. | Efe

El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reiterado este jueves a sus interlocutores progresistas que es necesario que den más nombres, además del ya lanzado del magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés, para poder avanzar en las negociaciones destinadas a que el Consejo designe a los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) que le competen.

Fuentes jurídicas del órgano de gobierno de los jueces han indicado a Europa Press que la reunión de la comisión negociadora celebrada este 1 de diciembre ha servido para que los portavoces conservadores -José Antonio Ballestero y Carmen Llombart- reiteren a sus homólogos progresistas -Álvaro Cuesta y Roser Bach- la postura ya fijada hace un par de semanas. Según explican, el encuentro ha concluido con un compromiso por parte de los vocales progresistas de estudiar la propuesta conservadora en una reunión interna, un movimiento que las citadas fuentes perciben como un avance. El ala progresista ya lanzó una primera lista de nueve aspirantes que posteriormente redujo a uno: Bandrés.

El sector conservador instó entonces a cribar ese listado inicial para decantar unos pocos candidatos, pero cree que el hecho de que sus interlocutores hayan puesto ya un único nombre sobre la mesa supone abocar las negociaciones a un mero «reparto de cromos», por lo que ahora reclama de nuevo una lista corta para pactar conjuntamente los dos candidatos. Aunque los vocales conservadores aún no han formalizado ningún nombre, según ha podido saber Europa Press, manejan seis: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. No obstante, las fuentes consultadas indican que los mejor posicionados para conseguir el aval del conjunto del CGPJ son Tolosa y Pablo Lucas, el magistrado del TS encargado de controlar la actividad del CNI y que estaba en ese primer listado de nueve candidatos dado a conocer por los vocales progresistas.

Los acontecimientos se han precipitado estos últimos días después de que el pasado martes el Gobierno designara al ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez como sus dos candidatos al TC. No obstante, el Constitucional ha optado por esperar a que el CGPJ celebre su Pleno ordinario del 22 de diciembre -ante al expectativa de que en él pueda nombrar a sus dos candidatos al TC-, descartando con ello examinar ya por separado a los dos aspirantes del Ejecutivo para comprobar si cumplen los requisitos legales para acceder a la corte de garantías.

Campo y Díez vendrían a sustituir al presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y a Antonio Narváez, pero aún quedaría por reemplazar al vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y a Santiago Martínez-Vares, ya que estos cuatro magistrados forman el tercio que la Constitución encomienda renovar a Gobierno y CGPJ y cuya renovación está pendiente desde el pasado 12 de junio.

Fuentes jurídicas señalan que en estos momentos hay posturas enfrentadas dentro del TC, con una que ve posible que los dos de Moncloa superen solos el 'placet' del Constitucional y renovar el tercio por mitades (de dos a dos); y otra que entiende que la Carta Magna impone que la renovación se haga con el tercio completo (los cuatro a la vez). Así las cosas, el TC ha fijado la vista en el 22 de diciembre, cuando los vocales se han comprometido a celebrar en ese Pleno la primera votación sobre sus candidatos al Constitucional. Sin embargo, fuentes del órgano de gobierno de los jueces avisan de que eso no significa que ese día haya fumata blanca, lo que podría posponer cualquier acuerdo a 2023.